No cabe duda que la economía española se ha visto afectada por la inestabilidad del mercado inmobiliario, la crisis económica global y los problemas internos propios del país como el desempleo, el alto costo de la vida, las reformas tributarias, y otros aspectos relacionados con la macroeconomía ha destruido considerablemente la capacidad de ahorro del ciudadano común, lo que ha incrementado la demanda de créditos bancarios. Sin embargo, los bancos exigen mucho papeleo, avales, propiedades con su documentación, a veces se debe tener un movimiento específico en la cuenta que demuestre capacidad de pago, entre otros, lo cual hace muy engorroso el proceso y las personas terminan buscando créditos rápidos.

 Un crédito rápido consiste en un préstamo que hacen empresas privadas a las personas desde montos muy bajos, con casi ningún requisito, lo que permite que se perciba muy atractivo a los ciudadanos ya que los bancos exigen muchos trámites aún tratándose de montos muy bajos. Estas empresas operan generalmente por Internet y son muy rápidas para abonar el  crédito rápido. De acuerdo a la legislación española operan como establecimientos financieros de créditos (EFC) y entidades no financieras de capital privado. Dichas empresas son supervisadas por el Banco de España y la Comisión de Valores aunque no cuentan con una regulación legal expresa.

Es importante resaltar que se debe asegurar que las personas que buscan un crédito rápido no sean víctimas de usura, pues por las facilidades que se presentan, cantidades bajas y a plazos muy cortos puede resultar tentador porque no existen ataduras crediticias por tiempos prolongados. Lo cierto es que los intereses que aplican son elevados, mucho más que los que aplica en los bancos tradicionales de ahí que pudiera existir un impacto grande en el nivel de cumplimiento de pago de los clientes. A propósito la Ley Azcárate resulta estar desfasada en el tiempo por su alto nivel de abstracción cuando manejan el término de usura por lo que se hace difícil en la práctica interpretarla en el contexto de estas empresas que otorgan créditos rápidos.

Las entidades financieras que trabajan con créditos rápidos no están reguladas por la Ley Española ni por el Estado de una forma amplia, solo existen una supervisión pero sin evaluación integral de sus políticas, sus condiciones, sus prácticas para el cobro, entre otros elementos, es importante para una gestión transparente de las finanzas en el país que estas empresas sean reguladas eficientemente, se registren y sean limitadas sus actuaciones para forzar pagos de sus clientes.

 El ciudadano común debe desarrollar una cultura de ahorro, de mejor manejo de sus finanzas a fin de evitar problemas financieros, está claro que los créditos rápidos representa en teoría una gran oportunidad de financiación que es rápida sin tantas trabas burocráticas pero que resulta ser falso, pues las empresas de créditos rápidos se amparan en la falta de leyes de regulación para emplear cláusulas abusivas que pueden atentar flagrantemente con los derechos de los usuarios, de ahí que estos créditos rápidos  pueden terminar empeorando la situación que se pretendía mejorar.